No hubo grandes titulares. La noticia pasó casi desapercibida. La política estuvo sacudida por las encuestas que empezaron a aparecer y generaron prurito en algunos sectores políticos y complacencia en otros. La paz total no tiene reflectores para anuncios que interesen a los colombianos y menos en el ocaso de este primer gobierno progresista.
El tiempo para el gobierno se agota y sin embargo, se mantiene el interés de generar avances en la construcción de paz. La más reciente noticia llegó de Doha, Catar. El anuncio del Gobierno Nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)- conocido en el país como el Clan del Golfo- sobre la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Chocó y Córdoba, marca un hito innegable.
Es incuestionable que sentar a la estructura irregular armada más grande del país y acordar zonas de ubicación para cerca de 9.000 combatientes es un avance relevante. La firma del acuerdo este diciembre de 2025 en Catar demuestra que el Gobierno tiene la voluntad de buscar salidas no militares. Más allá del escepticismo reinante, se percibe que la intención del sometimiento a la justicia de este actor podría llegar a buen puerto.
Este avance debe apostar por el desmantelamiento efectivo de las economías ilícitas que financian el Clan. De poco serviría que sus hombres entreguen los fusiles, si las rutas del narcotráfico y las rentas ilegales quedan intactas, listas para ser heredadas por los siguientes mandos medios en las líneas de sucesión o por nuevas disidencias.
Para los analistas de este proceso, el sometimiento implica verdad plena y, sobre todo garantías de no repetición que solo se logran desarticulando el negocio, no solo al grupo armado.La negociación con el Clan del Golfo no puede ser como señalan los críticos del proceso, una feria de impunidad. La preocupación radica en la falta de un marco jurídico claro para este sometimiento. Según se conoce, hasta el momento las conversaciones navegan en un mar de incertidumbre legal.
Sin una Ley de Sometimiento robusta aprobada por el Congreso, que establezca penas alternativas pero efectivas y exija reparación material a las víctimas, cualquier acuerdo pende de un hilo.El Gobierno del presidente Petro tiene aún la oportunidad de generar avances de paz en regiones enteras pero el riesgo institucional sigue latente. Se señala que la MAPP/OEA realizará la verificación, pero la vigilancia más importante debe ser de los pobladores de estos territorios.Mirando hacia el 2026, el proceso entra en una fase retadora y crítica. Las zonas de ubicación son un laboratorio de alto riesgo: si funcionan, podría ser el inicio del fin del Clan del Golfo; si fallan, se podrían convertir en retaguardias estratégicas para el crimen y todo tipo de violencia, como ya ha ocurrido en el pasado.
Hay que celebrar y más en estas épocas, que se silencien los fusiles, pero debemos estar atentos. Nadie sensato, creería que la paz con el Clan del Golfo no es necesaria, urgente y deseable, pero debe ser una paz con justicia, sometimiento y sin impunidad. No se puede permitir una tregua mafiosa sino un verdadero avance en la convivencia que genere condiciones para desarrollar los territorios y la construcción de una vida buena y querida para sus gentes.