Por: Hugo Rincón González

Las cifras de víctimas crecen vertiginosamente. La Unidad de Atención a las Víctimas en su página web señala que son 9.134.500 las víctimas registradas históricamente. Una cantidad que produce escalofrío si tenemos en cuenta que con seguridad las personas que se suman diariamente por el reciclaje del conflicto armado como desplazados son enormes. Atrás va quedando la imagen de un país que le apostó a la construcción de una paz estable y duradera. Parecen brumosas las imágenes que mostraban un hospital militar sin heridos por la confrontación armada con los grupos irregulares.

Dura realidad la que viven estas personas ahora que se acerca el 9 de abril, fecha en la que se conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, desde que se aprobó la Ley 1448 de 2011. Con esta ley se buscaba “establecer un conjunto de medidas judiciales,  administrativas,  sociales  y  económicas,  individuales  y  colectivas,  en  beneficio  de las víctimas dentro de un marco de  justicia  transicional,  que  posibiliten  hacer  efectivo  el  goce  de  sus  derechos  a  la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición”.

Para un gran número de ellas cuando se les indaga sobre el cumplimiento de esta Ley 1448, manifiestan que la norma no pasa de ser un conjunto de aspectos bien intencionados que no han beneficiado a tanta persona afectada por el conflicto armado. Expresan su inconformismo por las dilaciones en la aplicación de una verdadera y real reparación integral.

No debemos olvidar que la mayoría de las víctimas son campesinos. Ellos fueron testigos silenciosos en sus territorios de la presencia de los diferentes grupos y estructuras armadas ilegales. Eran tildados de ser colaboradores de unos grupos o de otros. Esto generó asesinatos en muchos casos y por ello se vieron obligados a huir, dejando abandonadas sus tierras, animales y cultivos para conservar sus vidas. De esta manera se presentaron los grandes desplazamientos hacia los diferentes centros urbanos de Colombia.

Según varios investigadores, con el fenómeno del desplazamiento se empezó a percibir una gran desolación en los campos y soledad en los pueblos, especialmente los más alejados de la presencia del Estado, esto sin hablar de veredas y parcelas de tierras que fueron aprovechadas por estos grupos armados irregulares para la siembra de cultivos de uso ilícito en la mayor parte de la geografía nacional.

El desplazamiento en muchos casos fue una estrategia de guerra para expulsar grandes grupos de poblaciones, con ésta se impedían las acciones colectivas de solidaridad, se destruyeron redes sociales comunitarias y se aterrorizó a la población civil. Para los grupos armados irregulares sacar la gente era la manera de despejar el territorio para poder así expandir las áreas bajo su dominio y apropiarse de manera ilegal de tierras valiosas.

Este tema tan estudiado por sociólogos e historiadores desafortunadamente se está repitiendo en la actualidad. Lo vemos en el Cauca, Catatumbo, Nariño, Putumayo y el Bajo Cauca Antioqueño. Ante la ausencia y abandono del estado el copamiento de los territorios por grupos armados no se ha hecho esperar. Desgraciadamente volvemos a ver las caravanas de campesinos desplazándose a los centros poblados; las familias caminan con sus hijos pequeños, los pocos animales y enseres que pueden cargar, ante la indolencia del gobierno.

Urge parar la guerra, se requiere detener a los grupos armados irregulares que vuelven a cubrir de sangre los campos de Colombia. Basta ya de la violencia que expulsa a los campesinos generando miles y miles de víctimas por el conflicto armado.

Este próximo 9 de abril debe servir para que toda la sociedad colombiana vuelva sus ojos a las víctimas de esta confrontación fratricida, se requiere la solidaridad con ellas y el compromiso serio de este gobierno que invierte más dinero en la guerra que en la consolidación de la paz.

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Imagen tomada de www. compolitica.com

Por: Hugo Rincón González

El empeño por consolidar la paz en Colombia es el sueño de la gran mayoría de los colombianos. Desde los territorios que son afectados por la reactivación de la violencia se espera que este anhelo se vaya consolidando y que logremos superar las dificultades que hoy se presentan. Si uno escucha las voces de las personas, líderes y lideresas de esas zonas azotadas por el reciclaje de la confrontación armada, permanentemente exigen al gobierno que garantice la seguridad y especialmente el derecho a la vida que se encuentra seriamente amenazado.

Preocupa el asesinato sistemático de los excombatientes de las Farc que le apostaron con su reincorporación a la vida civil, a construir un país mejor dónde ojalá se pueda lograr la aspiración de que la política no esté vinculada con las armas. Según las cifras que se conocen, ya van 252 excombatientes que han caído asesinados, sin que se conozcan los autores materiales e intelectuales de los mismos. Si nos atenemos a lo que dice el gobierno, los causantes son las disidencias de las Farc y los diferentes grupos armados que campean en los territorios sin que el Estado pueda controlarlos.

Intranquiliza que en este proceso de paz no se haya logrado la circunscripción especial para las víctimas. Más de una vez se ha tramitado en el congreso y, quienes se oponen a la misma, despachan la discusión afirmando que estas curules irán a parar en las manos de las Farc. Se buscaba que los más afectados por la guerra que viven en la Colombia olvidada tuvieran una representación y que sus voces fueran escuchadas para que de esta manera se pudieran tramitar sus propuestas.

Alarma que copiosos recursos financieros para la paz aportados por la cooperación internacional sean usados para la propaganda del gobierno del presidente Duque. El escándalo que esto suscitó cuando se conoció esta noticia pasó a segundo plano y simplemente estos dineros tan importantes para consolidar una paz estable y duradera siguen gastándose en el mejoramiento de la imagen del primer mandatario.

Genera sobresalto que el partido de gobierno quiera volver a dirigir su artillería en contra de la JEP, acusándola de generar impunidad mientras que la comunidad internacional reivindica su trabajo y la colocan como un referente en justicia transicional en los procesos de paz. Está por verse si enredarán nuevamente la discusión de la agenda legislativa en contravía de otros temas que el congreso debería tratar y trabajar.

No obstante, lo anterior que tiene que ver con el clima interno de crispación de sectores en contravía de la paz que contrasta con los vientos refrescantes que vienen del ámbito internacional. Primero, el cambio de la política estadounidense con el presidente Biden, que manifiesta explícitamente su interés en trabajar por la implementación de los acuerdos de paz y la defensa de los derechos humanos. Seguramente esto impactará sobre la política del gobierno Duque que no ha tenido un compromiso integral con los acuerdos y que ha desatendido la urgencia de consolidar la seguridad en los territorios para que cesen las amenazas, asesinato de líderes y las masacres.

Segundo, el renovado compromiso de la Unión Europea que acaba de anunciar que destinará 8,5 millones de euros para el acceso integral a la tierra en Colombia a través del Fondo Europeo para la Paz. Estos recursos serán ejecutados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como parte del proyecto «Tierra y territorios sostenibles para la paz», con el que se busca apoyar la Reforma Rural Integral consignada en el Acuerdo de Paz que firmaron el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016.

Sin duda la construcción de la paz no está exenta de clivajes. Se necesita mucho tiempo para hacerla real. Sin embargo, si seguimos aunando esfuerzos entre los colombianos que la anhelamos junto con la cooperación internacional, conseguiremos su consolidación por el bien de todos nosotros.

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Helman Orlando Cárdenas Pineda es un hombre de 35 años de edad oriundo del municipio de Cajamarca, Tolima. Desde muy joven sintió una pasión por ayudar a los demás. Para ser más precisos, aquel interés se despertó en sus tiempos de colegio, cuando notaba las injusticias de algunos docentes, directivos o incluso compañeros de clase. ¨Siempre la posición dominante queriendo aplastar al más débil, y quería contribuir a la justicia¨, comenta el señor Cárdenas, quien hoy en día ejerce el derecho. En su municipio es considerado un hombre de varias labores tales como: abogado litigante, presidente de la fundación de víctimas del conflicto armado Fundavica, Y presidente de la asociación de vivienda Pueblo Nuevo.

Todos aquellos proyectos han logrado impactar de manera positiva a un gran número de personas. La Fundación de Víctimas Víctimas de Cajamarca y Anaime Fundavica, forjadores de paz, perdón y reconciliación, se creó en el año 2006 con el fin de brindar ayuda humanitaria. Helman se describe como defensor de los derechos humanos, cuyo principal objetivo es velar por el derecho de las víctimas dentro del marco de la Ley 1448 del 2011, encargada de garantizar medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.

¨Hemos logrado que se vean alguno de sus derechos, la indemnización, las rehabilitaciones emocionales, muchos ya han implementado un proyecto de vida; superando todas las vivencias del pasado¨ afirma y que, a su vez, gracias a estas ayudas, las personas han logrado en el día de hoy contar con sus propios emprendimientos y proyectos productivos que les han cambiado la vida, siendo personas más positivas que buscan nuevas alternativas y se proyectan a salir adelante. su microempresa y aportar también al desarrollo del municipio.

El señor Helman Cárdenas menciona que esta fundación ha contado con un gran apoyo por parte de la corporación TOLIPAZ. 2 años de alianza y trabajo mutuo donde el apoyo recibido por esta entidad ha sido muy grande. ¨Antes de tolipaz, realmente las asociaciones eran como muy débiles, éramos una organización de papel, donde si a mucho se contaba con la documentación de cámara y comercio para funcionar. No existía una estructura, un cronograma, un plan de negocios o presupuestos¨. De este modo, tras las diferentes capacitaciones de la Fundación Fundavica logró contar con un avance que les ayudaría a constituirse como entidad, pues vieron la necesidad de implementar y plasmar unos objetivos, metas, misión y visión. Esto logró unir la entidad para estar articuladamente con unas organizaciones que hacen parte de la red de incidencia municipal creada por TOLIPAZ. Además junto con la comercializadora Pazalcampo, también está vinculada la fundación de víctima, dándole una oportunidad a los campesinos, afectados por el conflicto armado, para que puedan comercializar sus productos a un precio justo.

«Uno aprende bastante de la gente por medio de sus vivencias. Las experiencias que han vivido dentro del marco del conflicto armado le hace a uno replantear de que los problemas que uno tiene en la vida son mínimos en comparación al de esas familias que han sufrido estas injusticias. Pero también de las organizaciones como Tolipaz que se han empeñado en brindarnos conocimientos y capacidades para que nosotros podamos ejercer nuestros derechos y no mendigarlos, por ende, ha sido bastante el conocimiento que se ha adquirido por las capacitaciones de Tolipaz», menciona el señor Helma Cárdenas.

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