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Por: Hugo Rincón González

 La situación de crispación en la que viven muchas regiones producto de la polarización, el reciclaje de la confrontación armada y los innumerables conflictos sociales en los territorios ponen de presente la necesidad de trabajar en la resolución de estas conflictividades. Vemos en los medios de comunicación la delicada situación que se presenta en la zona esmeraldera de Boyacá. Según éstos, la invasión de guaqueros a las minas de esmeraldas privadas ha generado un polvorín que ya ha tenido estallidos violentos con enfrentamientos entre ellos, el ESMAD y los empresarios.

Este lunes 30 de noviembre se creó una mesa de diálogo entre guaqueros, autoridades locales y departamentales, empresas esmeralderas, una comisión del alto gobierno encabezada por el Ministerio de Minas y el Programa de Desarrollo y Paz de Boyacá, Boyapaz, entidad hermana del Programa de Desarrollo y Paz del Tolima y su ente gestor Tolipaz.

Esta circunstancia que ahora mismo se presenta en Boyacá donde se promueven conversaciones entre personas y grupos diferentes en contextos polarizados en función de buscar una estrategia en común para lograr transformaciones de largo aliento, es lo que se conoce como diálogos de improbables, una metodología desarrollada por John Paul Lederach, un académico estadounidense, especialista en mediación de conflictos.

Este tipo de diálogos se soportan en diez principios que se han trabajado en algunos programas de desarrollo y paz como el del Cesar y sería útil tenerlos en cuenta en medio de la polarización existente en nuestro país y cuando sea necesario en nuestra región, donde es posible que emerjan conflictividades generadas especialmente por los proyectos minero-energéticos en varias zonas.

Dentro de estos principios se destacan en un primer bloque: 1) la vida es sagrada, por lo tanto se debe respetar en todas sus manifestaciones por encima de cualquier interés o justificación; 2) la NO-violencia es la opción, de tal manera que se condena la violencia en todas sus expresiones, venga de donde venga y debe rechazarse como método para resolver los conflictos sociales; 3) las diferencias son nuestra mayor riqueza, por ello se debe proteger el derecho que tiene cada uno a expresar sus ideas y a disentir, sin que ello traiga señalamiento, discriminación o censura; 4) el diálogo es el camino para la convivencia, éste debe ser sincero y respetuoso; 5) la participación fortalece la democracia, con ella se reconstruye la confianza, el pluralismo, la inclusión y la solidaridad.

En un segundo bloque de principios están: 6) la promoción del pensamiento crítico, reflexivo e innovador frente a las diversas realidades; 7) lo público se respeta, reivindicando el bienestar colectivo sobre el particular; 8) la igualdad de derechos, reconociendo y respetando a las personas, los pueblos y grupos poblacionales; 9) la naturaleza se respeta para garantizar la conservación y recuperación del ambiente; y, 10) la cultura como fuente de cohesión que permite la reconstrucción de la confianza y el tejido social.

Estos principios presentados surgieron del diálogo de improbables del Cesar, sin embargo, en cada región podrían surgir otros que sean el producto de una conversación, en la que se va paso a paso para que los distintos actores encuentren puntos de coincidencia hasta lograr la capacidad de soñar un futuro juntos.

En sociedades polarizadas para establecer los diálogos de improbables, es necesario identificar quién tiene la confianza de las partes que están en conflicto. Se necesita, por tanto, encontrar personas allegadas a los grupos enfrentados, sin tener que sentar a la mesa de conversación a los principales en disputa. Se debe avanzar en la construcción de confianza como un elemento clave, de esta manera, aunque exista polarización en la mesa de negociación se cultiva el terreno del diálogo.

La metodología de diálogo de improbables se viene trabajando en varias regiones desde los programas de desarrollo y paz, es un instrumento para resolver los conflictos y debemos tenerla en la mira para implementarla en nuestro departamento cuando emerjan conflictividades que han estado latentes. Hay varias experiencias que se vienen consolidando con las cuales podríamos hacer intercambio de conocimientos para fortalecer la convivencia y la reconciliación.

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Por: Hugo Rincón González

Es común estos días ver a muchos campesinos de Boyacá y otros departamentos, ubicados a las orillas de las carreteras ofreciendo los bultos de papa que ellos producen, a turistas y viajeros que se desplazan por las vías de los municipios productores de este tubérculo.  Buscan que estos les paguen algo más por su cultivo. La situación se repite día tras día con la mayoría de productos agrícolas, es la dura realidad. Los precios que les pagan por lo que producen no alcanzan a cubrir sus costos de producción.

Esto que ocurre en este departamento y otros productores de este cultivo, sucede igualmente en el municipio de Roncesvalles. Hay agricultores que dicen que con el valor que están pagando por el bulto de papa no es posible ni siquiera pagar los jornales de los que se dedican a arrancarla y mucho menos cubrir los demás costos referidos a semillas, fertilizantes y agroquímicos. Para estos cultivadores es mejor que el tubérculo se dañe bajo tierra que sacarlo y venderlo con mayores pérdidas. A pesar solicitarle ayuda al gobierno, esta aún no se materializa y mientras tanto la situación es cada vez más dramática.

En estos tiempos de pandemia las afectaciones que han padecido los productores agropecuarios son diversas según un estudio de la FAO. Está el aumento del precio de los insumos agrícolas que no obstante la crisis originada por el virus del Covid-19 siguen incrementándose. El problema del transporte para sacar los productos a los mercados por la precaria condición de la mayoría de las vías terciarias y también, los eventos climáticos como exceso de lluvias, sequías, vendavales, que dañan las cosechas o impiden que se den nuevos cultivos. A esto se le agrega que los municipios no prestan asistencia técnica agropecuaria y que sus presupuestos para el sector rural son tremendamente limitados.

Este panorama que no se ha modificado desde hace mucho tiempo, me hizo recordar una conversación que sostuve con un indígena en el sur del Tolima a comienzos de la década de los noventa, en el momento de auge de la amapola. Se promovía en esa región la siembra de cultivos asociados de maíz y fríjol como alternativa para generar ingresos para las familias que tenían sus predios en zonas rurales alejadas. La propuesta en su momento fue recibida como inviable, pues según los cultivadores, en el mejor escenario, sacar esos productos al casco urbano de los municipios era más costoso que el valor que recibirían por su venta y por el contrario mencionaban que “la mancha” era mucho más rentable y hasta subían a las fincas a comprarla.

Ese es el drama del campesinado en la historia de nuestro país desde siempre. Por esta circunstancia el campo colombiano se está envejeciendo puesto que para los jóvenes no es atractivo mantenerse en un escenario que no le brinda ningún tipo de oportunidades. Se habla y se reivindica el valor de nuestros campesinos como productores de alimentos y como actores claves para garantizar la seguridad alimentaria y sin embargo se les estigmatiza, se les abandona y no se les apoya de una manera real.

Es hora de que el país reconozca la declaración de los derechos de los campesinos y se comprometa a promover un proceso de transformación estructural del campo que genere condiciones de bienestar para la población rural y de esta manera contribuya a la construcción de una paz estable y duradera.

Si avanzáramos en una reforma rural integral, que entre otras cosas está contenida en los acuerdos de paz, lograríamos que el país vaya superando los niveles de exclusión e inequidad que produce los dramas referidos y seguramente no veríamos a los productores agrícolas cargando al hombro lo producido en sus tierras, mendigando que alguien le compre a un precio justo lo que con tanto trabajo y esfuerzo cultivan.

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