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Por: Hugo Rincón González

Colombia es el país de los absurdos y de las cosas insólitas. No hay escenario público que hoy no esté permeado por la politiquería promovida por el gobierno nacional. Desde las embajadas, pasando por los ministerios y todos los institutos, la lógica que ha imperado para nombrar a sus titulares es el clientelismo y la cercanía que se tenga con el partido de gobierno o con el presidente de la república que no se para en mientes cuando de nombrar amigos en esos cargos se trata, así no tengan el perfil que se requiere para cumplir eficientemente sus funciones.

El último hecho que se generó en este mismo contexto de clientelismo, es el retiro de Julia Miranda de la dirección de parques nacionales. El Ministro de Ambiente le solicitó la renuncia a esta funcionaria quien estaba en ese cargo desde 2004. Esta decisión causó malestar e inconformidad entre destacados ambientalistas del país quienes destacaron el papel que ella jugó en todo su periodo de trabajo. Para algunos, el retiro de la mejor funcionaria del Sistema Nacional Ambiental obedece a presiones políticas de poderosos dirigentes.

Bajo su dirección, Julia Miranda logró la ampliación de áreas protegidas en Colombia. Según información del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -Sinap-, en 2020 hay 1.343 áreas protegidas, que representan el 15,17% del territorio nacional y 31,4 millones de hectáreas;  hay 122 zonas de carácter nacional, divididas en reservas forestales protectoras nacionales (59), distritos nacionales de manejo integrado (4) y parques nacionales naturales (59). Igualmente, se encuentran 288 de carácter regional, distribuidas en áreas de recreación (10), distritos de conservación de suelos (15), distritos regionales de manejo integrado (107), parques naturales regionales (60) y reservas forestales protectoras regionales (96). Además, existen 933 reservas naturales de la sociedad civil.

Este trabajo realizado durante años le permitió a Colombia convertirse en el país de la región con mayor número de áreas protegidas incluidas en la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

No obstante todos estos logros, de su reconocida competencia y compromiso con las áreas protegidas del país, Julia Miranda será reemplazada en la dirección de parques nacionales por Orlando Molano, exdirector del Instituto Distrital de Recreación y Deporte durante la alcaldía de Enrique Peñalosa.

La polémica está desatada porque este funcionario no cumpliría los requisitos establecidos por ley para asumir el cargo. Siendo arquitecto, su formación disciplinar no está contemplada en el manual de funciones de la entidad y muy seguramente su nombramiento será demandado y probablemente el gobierno deba revertir la decisión.

Las áreas protegidas de nuestro país no solamente están amenazadas por la deforestación sistemática para la expansión de la ganadería extensiva, la presencia de cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, las amenazas y asesinatos de los guardaparques, sino también por el clientelismo político que quiere tomarse cargos que requieren un alto perfil técnico para reemplazarlos por personas sin formación ni experiencia en el sector ambiental.

Detrás de la salida de Julia Miranda se perciben poderosos intereses. Ella fue una comprometida defensora del parque Tayrona ante el embate de proyectos hoteleros y comerciales que se lamen los bigotes por el inmenso potencial para el desarrollo del turismo. Su posición vertical resultaba incómoda en un momento en que se vuelve a mencionar que reconocidas familias de la costa y hasta inversionistas extranjeros están interesados en hacer negocios en esta área protegida.

No faltaría más que al nuevo director de parques lo hayan nombrado para defender los intereses de estos negociantes y no de la naturaleza que se debe comprometer a conservar y restaurar, sin embargo, estamos en Colombia o en Polombia, donde cualquier cosa insólita e indignante puede suceder.

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Por: Hugo Rincón González

El Acuerdo de Escazú es un tema que se escucha en los medios y del que prácticamente la mayoría de nosotros no conoce mayor cosa. Sabemos que el gobierno Duque lo firmó en 2019, pero que el Congreso de la República lo debe ratificar. En este recinto lo discuten las comisiones conjuntas segundas de la Cámara de Representantes y el Senado. Para algunos el supuesto mensaje de urgencia del presidente no ha surtido ningún efecto y por el contrario la discusión no avanza y no se produce ninguna decisión al respecto. Con suspicacia sectores políticos expresan que no hay interés en su ratificación por parte del ejecutivo.

El Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe es conocido como el Acuerdo de Escazú. Es un tratado internacional firmado por 24 países. Cuenta con once ratificaciones y nuestro país está en ese proceso que debe aprobarse en el congreso. Su origen viene de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio + 20) realizada en 2012 y la Decisión de Santiago adoptada en 2014. Luego de 4 años de negociaciones, se adoptó el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú, de ahí su nombre.

El objetivo del Acuerdo está referido a garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Establece la protección del derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible. Reconoce y garantiza la protección de los defensores del medio ambiente y la tierra.

Un Acuerdo de esta naturaleza debiera ser ratificado por el congreso sin mayor dificultad, sin embargo, hay fuertes voces que lo señalan como algo peligroso para el país. Según el partido Centro Democrático este es “…un instrumento internacional que, aunque tiene muy nobles intenciones para la protección del medio ambiente, aumentaría aún más la ya maltrecha inseguridad jurídica del País y dificultaría considerablemente el proceso de reactivación económica que tanto estamos necesitando. Una aventura a la que ciertamente no nos podemos adentrar.”

Para este sector político el acuerdo se vendría a sumar a requisitos existentes como la licencia ambiental y las consultas previas que frenan, según ellos, la inversión económica. Manifiestan que: “las solicitudes de información y de participación pública llegarán a tal punto que se convertirán en un dañino sabotaje que no permitirá aprobar ninguna iniciativa. En otras palabras, es empeorar aún más los problemas que ya tenemos con la consulta previa.”

Lo que menos les gusta es lo referido a la justicia ambiental manifestando que: “ los inversionistas no solo tendrán que cumplir con la licencia ambiental y la consulta previa, sino que además deberán entregar toda la información que les soliciten, tienen que garantizar la participación de todo aquel que esté interesado en el proceso, pueden ser demandados por casi cualquier persona, ellos deberán probar en detalle que están cumpliendo con todos los requisitos y un juez puede detener el proyecto cuando quiera.”

Por el contrario hay sectores que frente a esa crítica de los que ponen por encima el desarrollo económico, manifiestan que es una garantía para el desarrollo sostenible. Que es importante brindar garantías para una verdadera participación ciudadana, informada y con incidencia. De hecho se resalta que megaproyectos con posibilidades de grandes afectaciones al ambiente se han podido frenar gracias a que la gente de los territorios ha tenido la posibilidad de manifestar su inconformidad y rechazo.

El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo internacional que reconoce como deber de los estados la protección de los defensores de los derechos ambientales en latinoamérica, una labor que en un país como Colombia es de altísima peligrosidad, si tenemos en cuenta que en 2019 de 212 defensores del ambiente asesinados, 64 eran colombianos, como Juana Perea en el Chocó en los últimos días.

Hay que seguirle la pista a la ratificación de este Acuerdo que en buena hora debe fortalecer la participación ciudadana y la justicia ambiental.

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