Quién dijo miedo, cuando el presidente Gustavo Petro denunció el 2 de febrero, el proceso que se incuba para generar una ruptura institucional desde la Fiscalía General de la Nación e hizo un llamamiento a los sectores sociales sindicales y progresistas a movilizarse para hacer respetar la voluntad popular de las elecciones presidenciales 2022, en las cuales por primera vez en la historia llegó un gobernante desde la izquierda. En su denuncia en su cuenta de X señala al fiscal Francisco Barbosa de buscar un juicio político al jefe de Estado por medio de una investigación inconstitucional en su contra.
Inmediatamente sectores de la derecha y del centro señalan a Petro de incendiario e irresponsable por hacer este tipo de declaraciones. Como quien dice: “calladito se ve mejor”. Algunos, como un respetado negociador de paz dice cándidamente que: “… por qué no decretamos tres días de silencio para tranquilizarnos”. Esta postura es claramente cómplice con una intención política evidente de defenestrar al presidente a través de estrategias judiciales como ya se ha hecho en otros países latinoamericanos (caso Brasil, por ejemplo). Cualquiera que viva medianamente informado podrá ver las maniobras opositoras y de claro interés de desconocimiento del gobierno del fiscal Barbosa.
Frente a este tema es claro que muchos sectores, y especialmente “la gente de bien” manejan reiterativamente el discurso del “respeto a las instituciones”. Como dicen muchos opinadores alternativos, se vuelve el mantra de “exministros, columnistas, expertos, técnicos y lagartos de todo pelaje”. La realidad es que el respeto que ellos pregonan, lo debemos entender como la defensa a ultranza del statu quo para que nada cambie y menos que esos cambios vayan a afectar los intereses de los sectores poderosos.
Para los que siempre han gobernado, la realidad es que no les importan las instituciones sino en manos de quien estén. Aunque Gustavo Petro sea el presidente del país, no consideran que merezca ningún respeto, lo ven como un advenedizo peligroso y especialmente que no es uno de su clase. Cuando el presidente denuncia la corrupción de la derecha judicial especialmente en la Fiscalía, entonces se escandalizan los medios, la oposición política y los del centro del espectro político que se alinea con el discurso del “ataque a las instituciones”.
La amenaza de golpe que se cierne contra el primer gobierno de izquierda se debe tomar en serio, ya ha ocurrido en otras latitudes sacando del poder a gobiernos progresistas elegidos por el voto popular con artimañas jurídicas como las que quiere urdir el fiscal Barbosa en los estertores de su polémica gestión.
Desafortunadamente hay que recordarles a los desmemoriados y a quienes subestiman estas denuncias como las que hace el presidente que, Colombia ha sido un país de magnicidios, donde se ha exterminado a un partido de izquierda, donde los grandes medios de comunicación en manos de grandes conglomerados económicos han sido cómplices de masacres y todo tipo de violaciones a los derechos humanos, desviando la atención de la opinión pública hacia temas baladíes.
Por estas razones y porque el presidente Petro debe tener información privilegiada y confiable, no se puede descartar a la ligera la posibilidad de un golpe de Estado en contra del gobierno. Por ello, el llamado del primer mandatario no es hacia la insurrección como de mala fe algunos tergiversan, sino hacia la movilización social para detener cualquier intento golpista. Un gobierno popular se elige en las urnas y se defiende en las calles, porque Petro independiente de titulares altisonantes y encuestas de las grandes firmas sigue siendo un líder con ascendencia en las grandes mayorías sociales del país y en los grandes escenarios internacionales, que incluso ya lo postulan para el Nobel de Paz.